PRONUNCIAMIENTO O GOLPE MILITAR DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1973

Las violaciones a los DD.HH. en el Gobierno Militar (G.M.), fueron la herramienta utilizada por la U.R.S.S. desde el mismo 11 de septiembre de 1973, cuando se destituyó por las armas al gobierno socialista de Salvador Allende y la Unidad Popular (UP). Esta herramienta se elaboró como parte de una planificación a largo plazo, para conseguir el derrumbe de occidente y en el caso chileno, para derrocar al G.M.

            Mientras el G.M. estuvo en el poder la labor la desarrolló la radio Moscú, difundiendo mentiras y verdades a medias a todo el orbe sobre atrocidades perpetradas por el G.M., desarrollando un dossier recopilado por la oposición interna al gobierno, muy bien dirigido por la iglesia chilena bajo la tutela del Cardenal salesiano don Raúl Silva Henríquez. Esta labor de desprestigio del G.M., dio muy buenos frutos en el frente diplomático de occidente que en la ONU, condenó al país repetidamente por violaciones a los DD.HH., con aplicación de sanciones diplomáticas y comerciales, especialmente por parte de EE.UU.

            Curiosamente, las FF.AA. chilenas, muy apegadas a la constitución con un respeto incondicional a las autoridades legítimas de la República, después de 3 años de apoyo irrestricto al gobierno de Allende al que, en 2 oportunidades, a ruego del propio Allende impidieron su caída, cubriendo con militares los principales ministerios, en octubre de 1972 y marzo de 1973; en vista que el país se encontraba sumido en un caos político, social, moral y económico sin precedentes, con la Contraloría, el poder Judicial y el poder Legislativo llamando a las FF.AA., con una mayoría sustancial, a deponer al gobierno y ante la inminente posibilidad de un quiebre de las propias fuerzas militares con el evidente enfrentamiento en una guerra civil de imprevisibles consecuencias; el alto mando tomó la responsabilidad de deponer al gobierno y asumir el poder de la Nación por las armas.

            Sin duda, las FF.AA. no están preparadas para asumir el gobierno del país; pero, aunque no es su función, ante la situación de caos provocado por el gobierno y la odiosidad introducida en la población por el mismo gobierno y que los poderes del estado fueron incapaces de darle una salida constitucional a dicha situación; las FF.AA. eran la única reserva moral que permitía dar gobernabilidad a la Nación y así lo hicieron.

            Ahora bien, al asumir el poder por las armas, se acabó la democracia y el estado de derecho y el alto mando militar que asumió el gobierno central, para controlar el orden del país entero, debió delegar su autoridad en los diversos mandos regionales y comunales del país; confiando en el buen criterio de todos ellos quienes, junto a toda la nación, estaban contaminados con todas las taras que había creado el gobierno depuesto. Ante situaciones como esta, en el mundo entero, cuando se asume el poder por la fuerza, es imposible que no se produzcan violaciones a los DD.HH. y la única manera de evitarlo es que nunca un gobierno lleve a un país a una situación de quiebre institucional, en que deje de operar la democracia y el estado de derecho, que obligue a usar las armas para restituir el orden institucional que, en definitiva, fue lo que hizo el G.M.

            El alto mando de las FF.AA. inicialmente gobernó a través de bandos con instrucciones a los mandos subordinados y en todos ellos, se instruyó el respeto por los DD.HH. de los ciudadanos; pero, en la confusión de los primeros años se produjeron desviaciones a estas instrucciones y en algunos casos se produjeron barbaridades inevitables y por la misma falta de un estado de derecho, tampoco fueron castigadas con el rigor correspondiente. En toda esta confusión, sin duda, los únicos responsables de lo ocurrido una vez depuesto el gobierno de Allende, fueron los altos mandos de las FF.AA.; pero, en caso alguno podría caberles responsabilidad a los mandos subordinados, así hayan actuado por cuenta propia; cabiéndoles solo la culpabilidad por una acción inexcusable. Actos que nunca habrían cometido si no se hubiera depuesto un gobierno, desapareciendo el estado de derecho y la democracia, junto a todas las instituciones de la República.

            Siendo la Junta de Gobierno que asumió el poder a partir del 11 de septiembre de 1973, los únicos responsables de las violaciones a los DD.HH. que ocurrieron a partir de esa fecha; cabe preguntarse la razón de la toma del poder y ella no fue otra que el poder civil perdió la capacidad de gobernar el país y la única alternativa era esperar una guerra civil o que las FF.AA. tomaran el control por las armas. Por lo tanto; la total responsabilidad de las violaciones de los DD.HH. en el G.M. fue el gobierno depuesto que obligo a las FF.AA. a tomarse el poder, con las consecuencias que ello conlleva.

            En resumen, el gobierno de Allende que violó la constitución y fue incapaz de seguir gobernando el país, obligó a las FF.AA., que nunca quisieron tomar el gobierno, a actuar tomando las riendas del país, con todas las consecuencias correspondientes. Luego, el gobierno de Allende y la UP, son los únicos responsables de la toma del poder por las armas con todas sus consecuencias, incluidas las violaciones de los DD.HH. que pudieron ocurrir.

            Una vez que el G.M. regularizó la situación del país y entregó el poder pacíficamente, cualquier gobierno sensato y decente hubiera decretado un punto final a todas las controversias del pasado, borrando todo lo ocurrido durante el periodo de caos y regularización del país o de lo contrario; haber juzgado a los únicos responsables de la toma del poder, que eran los altos mandos de las FF.AA. que, en 1990 estaban en condiciones de responder por sus actos.

            Sin embargo; el primer gobierno democrático que asumió el poder después del G.M. en manos del elegido don Patricio Aylwin, optó por la peor transición imaginable, nombrando una comisión que hurgara desde 20 años atrás en las violaciones de los DD.HH. durante el G.M.; abriendo heridas del pasado que seguirían supurando para siempre, con su secuela de odio y resentimientos. Por otra parte; el Sr. Aylwin, si no estaba de acuerdo con el pronunciamiento militar de septiembre del’73 que el mismo promovió, no tuvo la entereza moral de ordenar el enjuiciamiento de los responsables de la toma del poder, que eran los altos mandos de las FF.AA.; permitiendo que la justicia terminara responsabilizando, 40 años después de los hechos, a jóvenes imberbes, sin responsabilidad alguna en los actos que les mandaron ejecutar, originando una enorme injusticia, violando además, los DD.HH. de ancianos inocentes.

            Vale la pena recordar que para el 11 de septiembre de 1973 Cuba había armado en Chile, un ejército paralelo como lo reconocían el propio Aylwin y Eduardo Frei Montalva que, en definitiva nunca actuó y nadie se explica qué pasó con ellos y la respuesta es muy simple; porque, se debió a la muy sabia idea de la Junta Militar de bombardear La Moneda con la FACH; recinto que podría haberse tomado en un par de horas con una sección del Ejercito; pero, con el potente bombardeo, a la vista del país entero, disuadió cualquier intento de oponerse a nuevo gobierno, hecho que salvó muchas vidas; bastante más que las vidas perdidas en las violaciones a los DD.HH. que se le achacan al G.M.

            Más aún, el informe Rettig que investigó las violaciones de los DD.HH. durante el G.M. llegó a que en los 17 años de ese gobierno, hubo 900 detenidos desaparecidos que algunos han ido apareciendo, 1200 muertos a quienes les habrían violado sus DD.HH. y 600 muertos por violencia política. Este informe, fue un mentís para los furibundos opositores al G.M. que hablaban de “política de exterminio” o “genocidio”; terminando con 2.000 afectados en 17 años, cifra menor a los fallecidos anualmente en accidentes de tránsito en el país. En vista de ello, el gobierno de Ricardo Lagos creó la comisión Valech para investigar las torturas durante el G.M. que operó durante un año con personeros de gran actividad laboral, para que recibieran denuncias de torturas con la motivación que, a quienes la comisión validara su tortura, recibiría una pensión vitalicia, fuera de otras prebendas. En definitiva recibieron alrededor de 35 mil denuncias y fueron validadas 30 mil.

            Ahora, suponiendo que la comisión Valech opero un año estudiando las 35 mil denuncias, en un trabajo, imposible de llevar a cabo en un año por los comisionados, de 8 horas diarias 5 días de la semana, a cada caso no le dedicaron más de 3 minutos de estudio, validando los 30 mil; significando que la validación fue una farsa para aprobar un número adecuado, a los intereses de los acusadores del G.M. validando, prácticamente, el máximo de los nombres registrados en los archivos de la vicaría de la solidaridad, organismo amparado por la iglesia durante el G.M.

            Que se esté culpando, juzgando y condenando a militares subalternos por violaciones a los DD.HH. durante un gobierno impuesto por las armas; es tan ridículo a que se hiciera lo mismo con un ejército que vuelve triunfante de una guerra, por acusaciones aceptadas de parte del enemigo.

            Todo lo ocurrido durante el G.M., es lo mismo que ocurrió en España en la guerra civil, en la revolución Rusa, en la toma del poder de Mao, la revolución cubana y en Argentina. Sin embargo; en nuestro país, fue donde más se respetó a la ciudadanía y protegió la vida humana; basta comparar las cifras de cada caso citado.

            Finalmente e irónicamente, para poder formarse una idea más precisa de la “crueldad y miseria” que vivió el país en esa tan “terrible dictadura criminal” del G.M., basta mirar a las principales autoridades y académicos de renombre desde 1990 a la fecha, cuya inmensa mayoría se formó y estudió en el país durante el G.M. y que, después de 17 años, ese gobierno recibió el apoyo de casi el 50% de la ciudadanía; demostrando que fueron muy pocos los que sintieron los “amargos efectos” de tan “horrible gobierno”, tal como lo dijo el ex embajador Otero en el gobierno de Piñera, cuya declaración le costó su cargo.

            En síntesis, si lo que se buscaba hubiera sido obtener justicia, en el gobierno de Aylwin, debieron haber llevado a tribunales a los responsables de la toma del poder el 11 de septiembre de 1973, que eran los Comandantes en Jefe de las FF.AA. y Director de Carabineros; declarando un punto final a cualquier investigación de hechos ocurridos en ese periodo, en que no había estado de derecho.

            Las condenas actuales a oficiales, cuadro permanente y gente de mar de las FF.AA., es una aberración y una violación a los DD.HH. de esa gente, que solo cumplió con lo que se les ordenó y la inmensa mayoría de ellos no incurrió en actos ilícitos, ya que, para condenarlos, se tuvo que recurrir a ficciones jurídicas como lo reconoció un juez que participó en esos juicios.